El PP exige al Gobierno inversiones reales para Cercanías y rechaza que se envíen trenes ‘usados’ a Valencia
La Diputació de València debatirá una moción para reclamar un calendario público de obras en las líneas C-1, C-2, C-3, C-5 y C-6 y poner fin a «la espera infinita» de los usuarios
El Grupo Popular en la Diputació de València llevará al próximo pleno una moción para exigir al Ministerio de Transportes un servicio de Cercanías «digno, fiable, puntual y con frecuencias suficientes» en toda la provincia. La iniciativa parlamentaria se centra en las líneas C-1, C-2, C-3, C-5 y C-6, y reclama al Ejecutivo central que fije un calendario público, transparente y verificable que recoja los plazos y partidas de todas las actuaciones pendientes en la red ferroviaria valenciana.
El texto registrado por los populares pone un énfasis especial en el parque móvil, solicitando la incorporación de trenes de nueva fabricación adaptados a la demanda real de los viajeros. Desde la formación rechazan de forma categórica que la reasignación de unidades Civia procedentes de otros núcleos de España, ya utilizadas y reacondicionadas, se intente vender a la opinión pública como la modernización definitiva del servicio.
Críticas al traslado de material rodante de segunda mano
La portavoz del PP en la corporación provincial y vicepresidenta de la institución, Reme Mazzolari, ha calificado de «inaceptable» que el ministro de Transportes, Óscar Puente, pretenda convertir el trasvase de material usado en la solución troncal a los problemas de movilidad del territorio. Mazzolari ha puntualizado que cualquier refuerzo puntual de capacidad es bienvenido, pero ha advertido de que «un parche provisional no puede presentarse como una renovación real».
La portavoz ha incidido en que miles de personas necesitan diariamente el ferrocarril para trabajar o estudiar, por lo que las continuas averías, suspensiones de viajes y demoras no solo deterioran la cohesión territorial, sino que empujan a los usuarios al vehículo privado, colapsando los accesos a la capital por la pérdida continuada de confianza en el transporte público.
Un plan de 1.500 millones aprobado en el Congreso
La propuesta de la Diputació se enmarca en la campaña «La espera infinita», impulsada el pasado verano por los populares valencianos con la adhesión de medio centenar de alcaldes y portavoces municipales para denunciar el abandono de la infraestructura. La iniciativa da continuidad además a la moción provincial aprobada en julio —que contó con el respaldo de todos los grupos salvo el PSPV— y a la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados en febrero.
En dicho mandato parlamentario estatal, la Cámara Baja emplazó al Gobierno central a poner en marcha un Plan de Inversiones 2026-2030 dotado con un mínimo de 1.500 millones de euros en un plazo que ya ha expirado. Por ello, Mazzolari ha insistido en que la Diputación debe liderar la presión institucional para que el Estado pase de los anuncios a los hechos con partidas ejecutadas sobre el terreno.