La UCO sospecha que el PSOE costeó en secreto la defensa de Ábalos y Koldo García
Un informe de la Guardia Civil señala a una exmilitante socialista como la encargada de dirigir la estrategia legal para proteger al partido y al Gobierno
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe clave al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el que se apunta que el PSOE habría financiado las defensas jurídicas del exministro José Luis Ábalos —quien fuera el número dos de la ministra Diana Morant en la estructura del Ministerio de Transportes— y de su exasesor, Koldo García, durante las primeras etapas del denominado ‘caso Koldo’.
Los investigadores sostienen que los pagos se habrían camuflado a través de intermediarios y sitúan a la exmilitante socialista Leire Díez en la cúspide de una supuesta red de «fontanería» diseñada para contener los daños judiciales que pudieran salpicar al Ejecutivo. De acuerdo con el sumario, Díez llegó a asegurar textualmente al primer abogado de Koldo García que «el partido lo va a pagar», asumiendo de esta forma el control de la estrategia legal por orden directa de la secretaría de organización de la formación.
El rastro de los mensajes interceptados por el instituto armado no solo desvela la gestión económica de los letrados, sino que también introduce una derivada política de calado. La Guardia Civil refleja en su escrito que existen indicios de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto de las maniobras de captación y coordinación jurídica que Díez y el dirigente Santos Cerdán ejecutaban en la sombra.
Los pinchazos telefónicos muestran además la enorme inquietud que generó en el entorno socialista la salida de prisión del empresario Víctor de Aldama a finales de 2024, momento en el que el abogado penalista Ismael Oliver recibió presiones para reconducir la defensa de Koldo García. En las comunicaciones analizadas, los propios profesionales del derecho advertían de la gravedad de la situación real, instando a los enlaces del partido a reaccionar con urgencia ante los tribunales para evitar consecuencias mayores sobre la cúpula gubernamental.