La Fiscalía pide cárcel para el hermano de Ximo Puig por estafa y falsedad documental tras obtener ayudas públicas bajo su mandato
El PSPV-PSOE no ha asumido ninguna responsabilidad política pese a que la trama de subvenciones investigada operó durante su etapa en el Consell, beneficiando a empresas vinculadas al entorno familiar del expresident
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de cuatro años y diez meses de prisión para Francis Puig, hermano del ex president socialista de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por presuntos delitos de falsedad documental y estafa agravada. El Ministerio Público señala que el empresario urdió una compleja trama de facturación cruzada y autofacturación a través de un entramado de productoras audiovisuales, como Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, para obtener subvenciones públicas de manera fraudulenta entre 2015 y 2018, coincidiendo con el mandato de su hermano al frente del Gobierno valenciano.
El escrito de acusación detalla cómo Francis Puig simuló gastos con empresas vinculadas y presentó facturas duplicadas, muchas sin justificar ni pagar, para inflar las ayudas públicas recibidas tanto de la Generalitat Valenciana como de la Generalitat de Cataluña. La suma presuntamente defraudada supera los 110.000 euros, una cifra que el fiscal exige sea devuelta a ambas administraciones. La investigación, iniciada a raíz de una querella del Partido Popular en 2019, también salpica a su socio Juan Enrique Adell Bover, para quien se piden tres años de cárcel.
Pese a la gravedad de los hechos, ni Ximo Puig ni el PSPV han asumido responsabilidades políticas. Mientras el ex president, ahora embajador ante la OCDE, guarda silencio, su partido evita cualquier pronunciamiento crítico sobre una trama que operó durante años bajo su mandato. La falta de explicaciones y la nula autocrítica desde el PSPV-PSOE deja en evidencia una preocupante complacencia institucional ante un caso que afecta directamente al entorno más próximo del entonces máximo responsable del Consell.
El actual president, Carlos Mazón, ya ha anunciado que la Generalitat estudia personarse en la causa para recuperar los fondos públicos desviados. Sin embargo, el verdadero reto sigue siendo político: ¿cuánto sabía Ximo Puig de las actividades empresariales de su hermano mientras gobernaba, y por qué nadie en su partido exigió transparencia cuando saltaron las primeras alarmas?
