La Diputación de Valencia exige al Gobierno agilizar la reconstrucción post-DANA eliminando trabas fiscales y burocráticas

La institución provincial defiende una moción para recuperar la contratación de emergencia y suspender las reglas financieras, permitiendo a los ayuntamientos ejecutar sus fondos sin el freno de la administración ordinaria

La reconstrucción de los municipios valencianos golpeados por la DANA llega este martes al pleno de la Diputación con una reivindicación clara: la necesidad de un marco legal excepcional. La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, defenderá una moción que insta al Gobierno de España a modificar la Ley de Contratos del Sector Público y a dejar en suspenso las reglas fiscales para las localidades afectadas.

El objetivo central es evitar que los ayuntamientos, a pesar de disponer de recursos económicos, se vean bloqueados por la lentitud de los procedimientos ordinarios. Según Enguix, la situación actual es «difícilmente justificable», ya que el fin de la fase de respuesta inmediata ha devuelto a los municipios a una «burocracia» que ralentiza obras críticas en infraestructuras hídricas, viales y servicios básicos.

Medidas similares a las de la pandemia

La propuesta de Ens Uneix, que cuenta con el respaldo del presidente Vicent Mompó, busca aplicar una fórmula de gestión similar a la utilizada durante la crisis del Covid-19 o la crisis energética por la guerra en Ucrania. La iniciativa plantea:

• Suspensión de reglas fiscales: Para dar mayor flexibilidad al gasto de los fondos destinados a la recuperación.

• Contratación de emergencia prolongada: Modificar la ley para que los mecanismos de urgencia se mantengan durante toda la etapa de reconstrucción, siguiendo modelos de países como Francia o Italia.

• Agilidad técnica: Compensar la falta de personal en los consistorios permitiendo procesos más rápidos y directos.

La emergencia continúa

Desde la corporación provincial se insiste en que, aunque se hayan restablecido los servicios mínimos, la emergencia persiste. La Diputación, que ya activó más de 100 millones de euros para actuaciones urgentes —incluyendo la limpieza de lodos en zonas donde no tenía competencia directa—, busca ahora que el Estado reconozca legalmente que la magnitud de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 exige medidas extraordinarias de largo recorrido.

Alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas asistirán a la sesión plenaria de este martes para visibilizar la urgencia de estas reformas, que consideran vitales para que sus vecinos recuperen la normalidad lo antes posible.