El TSJCV ratifica el archivo de la causa contra Mazón al no hallar «deber jurídico de actuación» en la DANA
El Tribunal Superior de Justicia rechaza por unanimidad los recursos de las acusaciones y defiende la legitimidad del aforamiento del expresident frente a las críticas de las víctimas
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha cerrado de forma definitiva la vía para investigar penalmente al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024. El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal ha desestimado todos los recursos presentados por las acusaciones, confirmando así el auto dictado en marzo que descartaba cualquier responsabilidad criminal del exjefe del Consell en los hechos que costaron la vida a 230 personas.
El razonamiento jurídico del tribunal se mantiene firme en la idea de que Mazón no ostentaba la «posición de garante» necesaria para imputarle un delito de homicidio imprudente por omisión. Según los magistrados, la normativa autonómica vigente en el momento de la riada no otorgaba al presidente la responsabilidad directa de coordinar la emergencia, una tarea que recaía legalmente sobre los mandos técnicos del Plan Especial de Inundaciones. Por tanto, al no existir ese deber jurídico de intervención directa en la toma de decisiones operativas, la sala considera que no hay base para una imputación.
La resolución también aborda la polémica sobre el aforamiento del exdirigente popular. Las acusaciones habían denunciado un presunto uso abusivo de esta prerrogativa para evitar la justicia ordinaria, pero el TSJCV ha rechazado de plano estos argumentos. El tribunal aclara que Mazón era diputado desde el inicio de la legislatura en 2023, mucho antes de que ocurriera la tragedia, por lo que no se puede hablar de una estrategia para eludir los tribunales. Asimismo, la sala subraya que se ha respetado el derecho a la tutela judicial de las víctimas al ofrecer una respuesta razonada y motivada, independientemente de que el resultado no sea el esperado por los familiares.
A pesar de este carpetazo del alto tribunal valenciano, el frente judicial por la DANA no se detiene por completo. El Juzgado de Instrucción de Catarroja mantiene abierta una causa penal para investigar la gestión técnica de la emergencia, aunque sin la presencia de Mazón como investigado. Por su parte, las asociaciones de damnificados, que este pasado domingo volvieron a salir a las calles de Valencia para exigir justicia, ya han anunciado que mantendrán su lucha legal y no descartan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras agotar todas las instancias en España.