La Audiencia de Valencia envía a juicio a Francis Puig: la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por estafa y falsedad
El hermano del expresident Ximo Puig se sentará en el banquillo por liderar una presunta red de facturas cruzadas para captar subvenciones públicas de forma irregular
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento definitivo de Francis Puig y su socio, el empresario Juan Enrique Adell Bover, ratificando la apertura de juicio oral. Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha formalizado su acusación solicitando cuatro años de prisión para el hermano del anterior jefe del Consell y tres años para su colaborador.
Una red de «ingeniería contable»
El auto judicial describe un sofisticado esquema de estafa agravada y falsedad documental continuada, operativo entre los años 2015 y 2018. Según la instrucción, las empresas administradas por los acusados —especialmente Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions— habrían orquestado un sistema para lucrarse con ayudas destinadas al fomento del valenciano mediante:
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Facturación cruzada: Emisión de facturas entre empresas del mismo grupo para inflar costes artificialmente.
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Multicobro autonómico: Presentación de los mismos justificantes de gasto ante la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón, cobrando varias veces por un mismo concepto.
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Gastos ficticios: Uso de domicilios inexistentes, sociedades instrumentales y facturas por actividades ajenas al objeto de las subvenciones.
El matiz del fraude de subvenciones
A pesar de la gravedad de los hechos, el tribunal ha descartado el delito específico de fraude de subvenciones. El motivo es puramente técnico-legal: la cuantía que la Intervención considera defraudada asciende a 67.500 euros, una cifra que no alcanza el umbral de 120.000 euros que exige el Código Penal para tipificar este delito concreto. No obstante, el proceso continúa con firmeza por la vía de la estafa y la falsedad mercantil.
Responsabilidad económica y multas
Además de las penas de cárcel, Anticorrupción reclama medidas contundentes para resarcir a las arcas públicas:
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Indemnizaciones: Se solicita a Francis Puig el pago de 110.691,97 euros destinados a las administraciones valenciana y catalana.
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Multas e inhabilitación: Petición de una multa de diez meses y la pérdida del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
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Fianzas: El juzgado ya mantiene fijadas fianzas de responsabilidad civil que superan los 147.000 euros para garantizar la devolución del dinero en caso de condena.
Este movimiento judicial supone un duro golpe para el entorno del exdirigente socialista, mientras la oposición mantiene su presión sobre la responsabilidad política derivada de estas ayudas concedidas durante la pasada legislatura.