El procesamiento de Francis Puig pone el foco sobre Ximo Puig y su cargo en la OCDE
El PPCV exige la destitución inmediata del expresidente socialista como embajador tras la apertura de juicio oral contra su hermano por estafa y falsedad
La confirmación de la Audiencia Provincial de Valencia de enviar a juicio a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, ha desatado una tormenta política que traspasa las fronteras valencianas. El tribunal ha ratificado el procesamiento por presuntos delitos de estafa agravada y falsedad documental, centrados en el cobro irregular de subvenciones públicas para el fomento del valenciano entre 2015 y 2018.
Un esquema de facturas duplicadas
La investigación judicial apunta a un entramado empresarial en el que Francis Puig y su socio habrían utilizado facturas cruzadas y gastos simulados para captar fondos de las administraciones valenciana, catalana y aragonesa. Según el auto, se habrían presentado las mismas nóminas y justificantes ante distintos gobiernos para cobrar varias veces por el mismo servicio. Aunque la cantidad detectada como «indebida» por la Intervención asciende a 67.500 euros, el caso ha avanzado por la vía de la estafa al no alcanzar el umbral de 120.000 euros necesario para el delito específico de fraude de subvenciones.
Presión política sobre el expresidente
El Partido Popular no ha tardado en vincular este proceso con la etapa de gobierno del dirigente socialista. Desde el PPCV se denuncia que estas actividades se beneficiaron de la «posición institucional» de Ximo Puig, calificando el caso como una «trama organizada con dinero público». Por ello, han exigido al Gobierno de España el cese fulminante del expresidente como embajador ante la OCDE en París, cargo que ocupa actualmente.
Por su parte, el entorno del PSPV-PSOE mantiene una postura de respeto a los tiempos judiciales. Los socialistas subrayan que ningún alto cargo del anterior Consell presidido por Ximo Puig está procesado en esta causa, limitando la responsabilidad a la esfera privada de su hermano y su socio empresarial, para quienes la Fiscalía solicita cuatro y tres años de prisión respectivamente.