El Consell da luz verde a la ley de acompañamiento con alivio fiscal para las clases medias y prioridad al arraigo en la vivienda protegida
El texto incluye una bajada generalizada del IRPF para casi tres millones de valencianos y endurece los requisitos para acceder a promociones sobre suelo público
El Gobierno valenciano ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera, la tradicional ley de acompañamiento que complementará las cuentas autonómicas de 2026. La norma llega tras el pacto alcanzado recientemente con Vox y se apoya en dos grandes ejes: una rebaja impositiva dirigida al grueso de los contribuyentes y una reforma normativa para endurecer el acceso a la Vivienda de Protección Pública (VPP).
En el plano tributario, la ley recoge una reducción de los tipos autonómicos del IRPF que afectará de manera generalizada a casi todos los tramos, poniendo el foco en las rentas medias y bajas. Los tramos que más percibirán este descenso son los situados entre los 32.000 y los 72.000 euros. Desde el departamento de Hacienda se estima que este paquete de medidas fiscales beneficiará a 2,7 millones de ciudadanos en la Comunitat, suponiendo un ahorro global de 160 millones de euros, bajo la premisa de que es posible aliviar la carga impositiva sin mermar la calidad de los servicios públicos.
Por su parte, el área de Vivienda introduce cambios sustanciales para elevar el control y la transparencia en las adjudicaciones de inmuebles protegidos, buscando asegurar que acaben en manos de quienes cumplan rigurosamente las condiciones. La principal novedad radica en la implantación del criterio de «arraigo» o vinculación residencial continua para aquellas promociones levantadas sobre suelo público mediante fórmulas de colaboración público-privada.
Desde el Ejecutivo autonómico han defendido con firmeza este requisito, asegurando que responde a una demanda histórica de alcaldes y colectivos vecinales que pedían priorizar a los residentes locales. Asimismo, han rechazado de forma tajante que se trate de una medida ideológica o discriminatoria por origen, insistiendo en que el único factor evaluable será la vinculación demostrable con el municipio en cuestión. La previsión del Consell es que todo el documento reciba el visto bueno definitivo en Les Corts antes del parón estival.