Catalá se ofrece a la Fiscalía para desmontar la denuncia de la izquierda: «Actuamos bajo la ley»
La alcaldesa de Valencia atribuye la investigación por presunto «enchufismo» al inicio de la campaña electoral y defiende que los procesos de selección fueron abiertos y transparentes
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha reaccionado con rapidez tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción investiga supuestas irregularidades en la contratación de personal del antiguo Consorcio Valencia 2007. Lejos de adoptar una postura defensiva, la primera edil ha asegurado sentirse «ansiosa» por aportar toda la documentación necesaria para demostrar que el consistorio se ajustó estrictamente a la normativa vigente.
Catalá ha devuelto el golpe a Compromís y PSPV, acusándoles de cinismo político. Según la alcaldesa, fueron precisamente los grupos de la oposición quienes propusieron en el pasado rescatar a los trabajadores del ente en liquidación mediante procesos directos. «Ellos pedían recolocaciones a dedo y nosotros nos negamos porque no era legal», ha sentenciado, subrayando que solo se permitió el acceso a la administración a través de concursos-oposición reglados.
Informe técnico y defensa de su equipo
Para zanjar cualquier duda sobre la limpieza de los procesos, la alcaldesa ha encargado un informe oficial a la Secretaría Municipal. Con este documento pretende acreditar que las plazas en cuestión estuvieron abiertas a la libre concurrencia y contaron con tribunales independientes. Catalá insiste en que su equipo solo buscó una solución legal para evitar que los empleados públicos se quedaran en la calle tras la disolución del consorcio, una voluntad que, según ella, era unánime en el pleno.
En cuanto a los audios que implican al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, la alcaldesa ha restado trascendencia a las grabaciones. Sostiene que las conversaciones de Olano con los afectados no son distintas de las peticiones que los propios portavoces de la izquierda realizaron en sesiones plenarias anteriores. Para el equipo de gobierno, estas reuniones formaban parte de la gestión ordinaria de un conflicto laboral derivado de un ERE.
Un escenario de precampaña
Desde el entorno de la alcaldía se interpreta este movimiento judicial como el pistoletazo de salida a la carrera electoral. Catalá ha reprochado a la oposición que traslade el debate político a los tribunales ante la falta de argumentos en la gestión municipal.
Mientras la Fiscalía analiza si hubo una estrategia concertada entre el Ayuntamiento y el Puerto para «recolocar» a personal afín, Catalá mantiene su agenda y confía en que el informe de la Secretaría Municipal desmonte las acusaciones de tráfico de influencias y prevaricación vertidas por Compromís y el PSPV.