Estos documentos verifican que residuos como plásticos, ruedas, maderas y textiles, arrastrados por la riada del 29 de octubre, están siendo trasladados sin tratamiento alguno desde el cauce del barranco a una parcela colindante —la número 14 del polígono 22—, incumpliendo la normativa vigente.

Según Mérida, la superficie afectada alcanza aproximadamente las siete hectáreas, y en ella los residuos están siendo vertidos y enterrados sin ningún tipo de acondicionamiento del terreno. Frente a estas prácticas, la Generalitat ha impulsado un contrato de gestión de residuos por valor de 180 millones de euros para garantizar su tratamiento adecuado y minimizar el impacto ambiental.

Además de los residuos sólidos, los agentes medioambientales han documentado la presencia de más de 300 vehículos abandonados en las parcelas adyacentes al barranco. En concreto, se han detectado 217 vehículos en la parcela 2 del mismo polígono, a los que se suman otros 84 localizados en inspecciones previas. Todos ellos se consideran abandonados desde el 28 de febrero, fecha límite para su retirada por parte de los propietarios.

Mérida ha subrayado que estos vehículos deben ser tratados conforme al plan de retirada conjunto puesto en marcha por la Generalitat y los ayuntamientos tras las inundaciones, que ha permitido gestionar la baja de más de 130.000 vehículos. Asimismo, ha recordado que, según el Real Decreto-ley 8/2024, la responsabilidad de retirada varía en función de la ubicación de los coches: la CHJ debe encargarse de los que se encuentran en cauces, la Generalitat de los que están en vías autonómicas, y los ayuntamientos de aquellos ubicados en terrenos municipales.

Por último, el responsable autonómico ha lamentado que esta situación prolongada impide a más de 300 propietarios tramitar las ayudas por pérdida de bienes, dejándolos en una situación de indefensión y vulnerabilidad.