Un excargo de Adif declara ante la Audiencia Nacional por la contratación de la expareja de Ábalos en Tragsatec
Ignacio Zaldívar comparece voluntariamente ante el juez del caso Koldo para aclarar su presunta intervención en la contratación de Jéssica Rodríguez, mientras Anticorrupción apunta a posibles delitos de tráfico de influencias.
El caso Koldo sigue sumando capítulos y estrechando el cerco sobre el entorno del exministro valenciano José Luis Ábalos. Ignacio Zaldívar, antiguo cargo de Adif, declara este martes de forma voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para aclarar su presunta participación en la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes, en la empresa pública Tragsatec.
Zaldívar solicitó comparecer ante el magistrado mediante un escrito en el que manifestó su voluntad de completar y precisar los hechos investigados, así como contribuir al esclarecimiento de las circunstancias de dicha contratación.
La Fiscalía Anticorrupción considera que el excargo de Adif pudo desempeñar un papel relevante en la incorporación de Rodríguez a Tragsatec. Según la tesis del Ministerio Público, Zaldívar y la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, habrían decidido su contratación y, posteriormente, se habrían dado instrucciones para evitar que se le exigieran explicaciones sobre las tareas que debía desempeñar.
En concreto, Anticorrupción sostiene que Zaldívar habría transmitido instrucciones intimidatorias para que los responsables de la empresa no molestaran a Rodríguez durante la vigencia de su contrato. La Fiscalía aprecia en estos hechos indicios de un presunto delito de tráfico de influencias.
EL PAPEL DE ÁBALOS EN LA CONTRATACIÓN, BAJO LA LUPA
Uno de los elementos más relevantes de la investigación es la posible intervención del entonces ministro de Transportes. Zaldívar ya relató durante el juicio del Tribunal Supremo por el caso mascarillas que Pardo de Vera le comunicó que Ábalos la había llamado porque desde Ineco estaban «molestando» a Jéssica Rodríguez.
El propio Zaldívar explicó que el problema estaría relacionado con unos cheques de comida que debían entregarle y que no concedió mayor importancia al asunto en aquel momento.
La Fiscalía también ha solicitado que se sigan los trámites para un eventual juicio respecto a Zaldívar y otros investigados, entre ellos Koldo García, Víctor de Aldama e Isabel Pardo de Vera.
El procedimiento vuelve a poner el foco sobre el uso de las empresas públicas y las posibles conexiones entre responsabilidades políticas, contrataciones y relaciones personales. La investigación deberá determinar si se utilizaron recursos públicos para favorecer a personas vinculadas al entorno del exministro.
Por el momento, las acusaciones de la Fiscalía forman parte de una investigación judicial y no equivalen a una condena contra los investigados por estos hechos.
