La Conselleria de Sanidad modificará la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana para introducir un régimen de infracciones y sanciones destinado a proteger al personal sanitario frente a las agresiones. Esta actualización normativa permitirá a los órganos competentes imponer multas directamente, sin necesidad de acudir a la vía judicial, con cuantías que irán desde los 500 hasta los 60.000 euros en función de la gravedad de los hechos.

De este modo, la Comunitat Valenciana se convierte en la cuarta autonomía en aplicar esta potestad sancionadora, tras Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra. La directora general de Personal, Amparo Pinazo, ha destacado que la principal novedad es la creación de un sistema específico de infracciones, que contempla desde daños en mobiliario hasta agresiones físicas a profesionales.

Las infracciones leves se sancionarán con multas de 500 a 5.000 euros, las graves con entre 5.001 y 15.000 euros y las muy graves con cuantías de hasta 60.000 euros. Además, Sanidad tendrá potestad para aplicar medidas provisionales, como asignar un nuevo profesional al infractor en otro centro.

La reforma también incorpora las agresiones cometidas a través de redes sociales y medios digitales, considerando como falta grave los insultos, vejaciones o amenazas difundidas por cualquier canal. Pinazo ha insistido en que se busca concienciar a los profesionales para que denuncien incluso las faltas leves, ya que ahora podrán hacerlo sin necesidad de acudir a los tribunales.

En paralelo, la Conselleria mantiene activa la campaña de sensibilización “Agredirles es delito”, con la que pretende concienciar a la sociedad y reforzar la política de tolerancia cero frente a la violencia en el ámbito sanitario.

El endurecimiento de la normativa llega en un contexto de incremento de agresiones: en 2024 se registraron 1.356 casos, un 13,7 % más que en 2023, de los que 221 fueron físicos y 1.135 verbales. Más de la mitad se produjeron en Atención Primaria, mientras que en hospitales y especialidades las agresiones crecieron un 27 %.

Con estas medidas, Sanidad busca garantizar la seguridad y el respeto hacia quienes trabajan en la asistencia sanitaria pública.