Rubén Gisbert se querella contra la jueza de la DANA por presunta prevaricación y "fines partidistas"
El abogado, personado en la causa en representación de ocho familias, solicita la nulidad de las actuaciones y que la Audiencia Nacional asuma la investigación.
La instrucción judicial sobre la tragedia de la DANA en Valencia ha dado un vuelco tras el anuncio del abogado Rubén Gisbert de interponer una querella contra la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra. En una entrevista concedida a Es Radio Valencia, el letrado ha denunciado graves irregularidades en el procedimiento, destacando la presunta intervención ilícita del marido de la magistrada en las diligencias judiciales.
Gisbert sostiene que la magistrada habría incurrido en un delito de prevaricación al permitir que su cónyuge participara activamente en la toma de declaraciones de testigos, dando indicaciones y decidiendo qué elementos debían constar en el acta. «Lo hemos visto de manera pública; compromete la independencia de la jueza de forma evidente», afirmó el abogado, quien defiende que esta situación vicia la instrucción desde su origen y exige retrotraer las actuaciones.
Críticas a la imputación de Mazón
Respecto a la reciente exposición razonada elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para investigar al expresidente Carlos Mazón, Gisbert la califica de «chapuza» y «tendenciosa». Aunque sus representados fueron los primeros en pedir la imputación de Mazón, el abogado considera que el escrito de la jueza carece de fundamento técnico y busca fines políticos.
A su juicio, la responsabilidad penal de Mazón —y también de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé— radica en la omisión del deber de activar el «mando único» mediante el estado de alarma, algo que la jueza, según Gisbert, intenta eludir para proteger a la Administración Central.
Rumbo a la Audiencia Nacional
Debido a la magnitud del desastre y a que los hechos afectaron a varias comunidades autónomas (Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha), Gisbert solicita que la competencia sea asumida por la Audiencia Nacional. El objetivo final es evitar lo que denomina un «fresco político» y garantizar una investigación incisiva que aclare por qué las estructuras del Estado fallaron en el auxilio a los ciudadanos.
