La brecha entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España se profundiza a cuenta de la gestión del agua. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado su firme respaldo a los agricultores de la provincia de Alicante tras confirmarse el rechazo del Ejecutivo central a financiar el ambicioso proyecto de «vertido cero». Esta iniciativa, valorada en 350 millones de euros, buscaba la modernización de las depuradoras de Rincón de León y Orgegia para garantizar recursos hídricos en una de las zonas más áridas de España.

Durante un encuentro con representantes de ASAJA-Alicante, Pérez Llorca calificó de «intencionado» el castigo que, a su juicio, sufre la denominada «huerta de Europa». El mandatario valenciano lamentó que, a pesar de que la Generalitat cumplió con los plazos y la redacción técnica del proyecto, el Ministerio haya decidido no ejecutar la obra tras la pérdida de fondos europeos. En un tono crítico, el jefe del Consell contrastó la falta de presupuesto para Alicante —que se sitúa por cuarto año consecutivo a la cola de la inversión estatal— con la disposición de recursos para financiar desaladoras y trasvases en Marruecos.

Avances en Bruselas y control de Mercosur

No todo fueron quejas en el encuentro. Pérez Llorca puso en valor las nuevas cláusulas de salvaguarda ratificadas por el Parlamento Europeo respecto al acuerdo con Mercosur. El president subrayó que estas herramientas, a diferencia de pactos anteriores, no serán «papel mojado» y permitirán una competencia más leal para los cítricos y hortalizas valencianos.

La estrategia defensiva del sector agrario se verá reforzada por dos pilares clave:

• Reciprocidad: Exigencia de que los productos importados cumplan los mismos estándares fitosanitarios que los locales.

• Control en origen: Creación de una oficina europea para supervisar las exportaciones desde el país de salida, evitando que el control recaiga únicamente al llegar a los puertos españoles.

Pérez Llorca concluyó reafirmando que la Generalitat no permitirá que se «sabotee» el futuro de la Vega Baja y el resto de la provincia de Alicante por decisiones políticas que ignoran la realidad climática y económica del territorio.