Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, ha protagonizado este jueves un incómodo episodio de «amnesia institucional» durante su visita a la localidad de Chiva. Pese a sentarse cada martes en el Consejo de Ministros donde se validan las partidas presupuestarias, Morant ha asegurado «no conocer con profundidad» los criterios técnicos que han llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a establecer una brecha económica abismal entre las víctimas de distintas tragedias en suelo español.

La polémica ha estallado tras confirmarse que el Ejecutivo central ha fijado una indemnización de 216.000 euros para los familiares de cada fallecido en el reciente accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Esta cifra choca frontalmente con los 72.000 euros transferidos a las familias de los 230 muertos por la DANA del pasado 29 de octubre. La diferencia es demoledora: para el Estado, una vida en las vías del tren parece tener el triple de valor que una vida sepultada por el barro en Valencia.

Interpelada por la prensa sobre este evidente agravio, la dirigente socialista ha optado por el escapismo dialéctico. «No le puedo responder con demasiado detalle porque no conozco en profundidad», afirmó Morant, delegando la responsabilidad de dar explicaciones en un genérico «Gobierno de España» del que ella misma es pieza clave. La ministra intentó justificar la diferencia alegando que la DANA se trata de una «emergencia de protección civil» con baremos fijos, mientras que el siniestro ferroviario responde a una «cobertura legal» distinta.

Sin embargo, tras esta distinción técnica se esconde una realidad política más cruda. Según denuncian diversos sectores, el Gobierno ha sido mucho más generoso en Adamuz —donde ha anticipado partidas de responsabilidad civil a fondo perdido— para evitar el desgaste político en una tragedia donde no tiene a otra administración (como la de la Generalitat del PP) a la que culpar. En cambio, en Valencia, el Ejecutivo se ha ceñido al mínimo legal, dejando a cientos de afectados en una batalla judicial para reclamar responsabilidades patrimoniales por la falta de mantenimiento de los barrancos.

Finalmente, Morant, que aspira a liderar la Generalitat Valenciana, se ha visto atrapada en su doble condición de ministra y candidata. Al ser preguntada sobre si este desequilibrio supone un insulto a los valencianos, evitó cualquier atisbo de autocrítica y se limitó a ofrecer una vaga «reflexión de cara al futuro». Con su silencio y su supuesta ignorancia sobre lo que ella misma aprueba en Madrid, Morant deja desamparadas a las víctimas de su propia tierra frente a un trato discriminatorio que el Gobierno aún no ha sabido —o no ha querido— explicar con rigor.