El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un paso decisivo en su compromiso con el independentismo catalán al aceptar que Cataluña gestione el 100 % del IRPF recaudado en su territorio a partir de 2026. Este gesto, calificado por algunos como el inicio de un “concierto a medida”, ha desatado una fuerte polémica en el resto del país.

La medida forma parte del proyecto de “financiación singular” pactado con ERC, que será llevado al Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el verano. Además del IRPF, se estudia que la Generalitat asuma otras competencias fiscales y administrativas de forma progresiva.

Sin embargo, lo que para el Gobierno es una solución de “encaje territorial”, para muchas comunidades supone una amenaza al principio de equidad. Desde Castilla-La Mancha hasta Madrid, pasando por Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, han surgido voces que denuncian un trato de favor inaceptable.

A pesar de ello, sorprende el silencio de Diana Morant, ministra de Ciencia y representante destacada del socialismo valenciano. En lugar de alzar la voz para defender los intereses de la Comunitat Valenciana, históricamente infrafinanciada, ha optado por no criticar a su jefe de filas. Ni una palabra, ni una exigencia, ni una posición clara.

El malestar entre dirigentes autonómicos es evidente. Algunos ya preparan iniciativas parlamentarias o recursos judiciales. Técnicos tributarios y expertos en financiación alertan del riesgo que supone fragmentar la Hacienda estatal y generar un sistema desigual entre ciudadanos según su comunidad de residencia.

La ausencia de respuesta política por parte de Morant deja en evidencia una desconexión preocupante con las demandas del territorio que representa. En un momento en que se reconfigura el modelo fiscal del Estado, su silencio es interpretado por muchos como un respaldo tácito a una fórmula que consagra privilegios para unos y desigualdad para otros.