Miguel Polo rompe su silencio ante la jueza de la dana y admite retrasos en las alertas sobre el Poyo
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar declara como testigo entre protestas de familiares de víctimas y reconoce que no se avisó del desbordamiento hasta casi las 19:00 horas, cuando ya había fallecidos
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha comparecido este viernes en los juzgados de Catarroja para declarar como testigo en la causa que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre, que dejó 229 víctimas mortales. Su llegada, a primera hora de la mañana, se ha visto acompañada de protestas de familiares de fallecidos que le reprochaban la falta de actuación: “¡Mi madre está muerta, y tú qué has hecho? Pasearte y esconderte”, le increpó uno de ellos.
Ante los medios, Polo reconoció que acudir “en estas condiciones no es agradable”, aunque insistió en que “no tenemos nada que ocultar”. Ya dentro de la sala, el máximo responsable de la cuenca del Júcar admitió por primera vez que la CHJ no comunicó el desbordamiento inminente del barranco del Poyo hasta casi las 19:00 horas, a pesar de que varios municipios ya habían lanzado sus propias alertas y se habían producido las primeras víctimas mortales.
El testimonio de Polo dibuja un panorama de “desconexiones e indecisión” en el Cecopi, el órgano autonómico de coordinación de emergencias, que inicialmente centró su atención en la presa de Forata. Según explicó, la confederación insistió en la necesidad de enviar avisos urgentes a la población, como recomendar que los vecinos subieran a pisos altos, pero esos mensajes no se materializaron hasta pasadas las siete de la tarde.
Sus palabras contrastan con las de otros responsables políticos y técnicos que han pasado ya por el juzgado. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y el responsable de la Aemet, José Ángel Núñez, han ofrecido versiones distintas, acusándole de exagerar el riesgo de Forata y de no proponer en ningún momento el envío de alertas.
La instrucción deberá dirimir estas contradicciones mientras crece la presión social sobre la CHJ. Para los familiares, la falta de avisos a tiempo fue determinante en la magnitud de la tragedia. Polo, por su parte, insiste en que la confederación actuó con criterios técnicos y que “nunca habló de ruptura inminente”, sino de incertidumbre ante una situación crítica.