Llorca defiende su gestión en vivienda y carga contra la "opacidad" de la izquierda en la adjudicación de VPP
El president de la Generalitat reivindica el control y el arraigo en la nueva política de inmuebles protegidos frente a los "escándalos" de las etapas anteriores
Durante la última sesión de control en Les Corts, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido con firmeza el giro en la política de vivienda del Consell. Llorca ha subrayado que los procesos de concesión de Viviendas de Protección Pública (VPP) contarán ahora con mayor «control y publicidad», priorizando el arraigo de los solicitantes. El jefe del Consell ha aprovechado su intervención para afear a PSPV y Compromís su gestión pasada, acusándoles de haber adjudicado inmuebles a «amigos del Gobierno» y de intentar ocultar sus propios escándalos mediante la crispación política.
En un balance de sus primeros 100 días de gobierno, el president ha destacado lo que considera «la reforma fiscal más importante de los últimos años», centrada en la eliminación del Impuesto de Sucesiones para empresas familiares y nuevas deducciones para la práctica musical. Asimismo, ha enumerado avances en infraestructuras, como la conexión del TRAM en Elche y Benidorm, y medidas de calado social como el decreto de defensa del profesor o las ayudas de 80.000 euros para las víctimas de la DANA.
Uno de los anuncios más destacados ha sido el avance en los planes de reunificación en origen de menores extranjeros no acompañados. Llorca ha confirmado que la Generalitat está ultimando acuerdos con diversos países para que estos menores regresen con sus progenitores. Además, ha criticado la política migratoria del Gobierno central, calificándola de «errática» y denunciando la vulneración de derechos en los traslados de menores hacia la Comunitat Valenciana.
Finalmente, el president ha reafirmado su compromiso con la propiedad privada. Ha puesto en valor la creación de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Ocupación, que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico gratuito, contraponiendo su gestión a la «hipocresía y demagogia» que, a su juicio, mantiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante este problema.
