La Generalitat exige un modelo de financiación estable para la dependencia frente a los «parches» del Gobierno
La consellera Elena Albalat cifra en más de 4.000 millones de euros la deuda histórica del Estado con el sistema valenciano y rechaza los fondos puntuales aprobados por decreto.
29-06-2026
La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha reclamado al Gobierno central la implantación de un modelo de financiación «estable, suficiente y estructural» que asegure la viabilidad de la atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana. Durante su participación en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, la consellera Elena Albalat ha rechazado el reciente Real Decreto-ley de medidas extraordinarias del Ejecutivo central, al considerar que se trata de una aportación económica coyuntural para este ejercicio que no resuelve el problema de fondo ni ofrece planificación a medio plazo.
Albalat ha criticado la fórmula empleada por el Ministerio de Derechos Sociales, basada en una modificación presupuestaria. Desde la Generalitat defienden que un cambio de este calado debería plasmarse de forma definitiva en el propio articulado de la Ley de Dependencia para evitar la incertidumbre en las comunidades autónomas. Asimismo, la consellera ha reprochado al ministro Pablo Bustinduy que justificara durante meses la congelación de partidas por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que ahora recurra a un cambio de crédito para realizar un reparto que la administración autonómica ve insuficiente.
En su argumentación, el departamento autonómico ha vuelto a poner el foco en la infrafinanciación y ha cifrado en más de 4.000 millones de euros la «deuda histórica» acumulada por el Estado con el sistema valenciano. Según los datos del Consell, la Generalitat asume actualmente el 80% del coste total del servicio frente al 20% que aporta la administración central, lejos del equilibrio a mitades que establece la normativa.
Por último, la consellera ha advertido de que la falta de recursos estables genera una presión financiera continua sobre las arcas de la Generalitat, que en la actualidad sostiene la atención de más de 190.000 personas dependientes y sus familias. Albalat ha concluido exigiendo un marco de reparto equitativo entre territorios que acabe con los agravios comparativos respecto a comunidades que cuentan con regímenes de financiación diferenciados.