En un movimiento estratégico para responder a la creciente dificultad de acceso al mercado inmobiliario, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una modificación normativa clave en la política de vivienda autonómica. Durante su intervención en Castelló de la Plana, el jefe del Consell ha avanzado que la futura Ley de Simplificación Administrativa incorporará una enmienda diseñada para endurecer los controles en el reparto de las Viviendas de Protección Pública (VPP) y, de forma significativa, priorizar a los residentes de cada municipio en las adjudicaciones.

Esta medida busca atender una demanda histórica de los alcaldes de la Comunitat Valenciana: el factor del arraigo. Con el nuevo marco legal, se pretende que los vecinos de una localidad tengan preferencia a la hora de acceder a una vivienda protegida construida en su propio término municipal, garantizando así la estabilidad social y la igualdad de oportunidades para los jóvenes y colectivos vulnerables que desean permanecer en su entorno.

Transparencia y lucha contra el uso indebido Pérez Llorca ha subrayado que la reforma no solo afectará a los criterios de selección, sino que fortalecerá la publicidad y la transparencia de todo el proceso. El objetivo es asegurar que cada inmueble se adjudique correctamente y, sobre todo, que su uso posterior cumpla estrictamente con la normativa vigente. «Es una obligación moral actuar con firmeza cuando la vivienda es la mayor preocupación ciudadana», ha afirmado el president.

Impacto del Plan Vive y despliegue en Castelló El anuncio se enmarca en el despliegue del Plan Vive, un modelo de colaboración público-privada al que ya se han adherido 319 ayuntamientos y que ha impulsado más de 4.800 viviendas en toda la autonomía. En el caso concreto de Castelló de la Plana, la colaboración se traduce en la construcción de 123 VPP, de las cuales 21 pasarán directamente al parque público gestionado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha).

Además de las nuevas construcciones, la Generalitat mantiene un esfuerzo inversor de 304 millones de euros en los presupuestos actuales, destinados a ayudas al alquiler, el Bono Joven y programas de rehabilitación urbana en municipios como Morella, La Vall d’Uixó, Benicarló o Vinaròs, consolidando una política integral que combina incentivos fiscales con seguridad jurídica.