La situación procesal de José Luis Ábalos ha dado un giro decisivo. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que el exministro y exnúmero dos de la candidatura de Diana Morant ingrese de inmediato en prisión provisional sin fianza, mientras avanza la causa que investiga su presunta participación en una trama de adjudicaciones irregulares durante la pandemia.

El Ministerio Público considera que existe un “riesgo real y creciente” de fuga debido a la magnitud de las penas a las que se enfrenta: hasta 24 años de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Las multas y sanciones económicas asociadas superan, según las estimaciones judiciales, varios millones de euros.

La acusación sostiene que Ábalos, junto con su antiguo asesor más cercano, actuó como pieza clave en una red que habría aprovechado la urgencia sanitaria para obtener beneficios ilícitos a través de contratos públicos para el suministro de mascarillas. La investigación incluye también supuestas comisiones irregulares y la participación de otros empresarios relacionados con la trama.

Hasta el momento, el exministro había permanecido en libertad con medidas cautelares. Sin embargo, los fiscales encargados del caso recuerdan que la cercanía de la apertura de juicio oral aumenta la posibilidad de que los acusados intenten eludir la acción de la justicia. Los investigadores también subrayan que la estructura de la red investigada podría facilitar una huida al extranjero.

Esta nueva solicitud de Anticorrupción coloca al juez instructor ante una decisión clave en uno de los procedimientos más sensibles de los últimos años. Si acepta el criterio de la Fiscalía, Ábalos sería enviado a prisión preventiva de forma inminente, un paso que tendría fuerte repercusión política dentro del partido que lidera Diana Morant, donde su figura ocupaba un papel destacado.

Se espera que la resolución judicial llegue en breve. Mientras tanto, el entorno del exministro insiste en su inocencia y denuncia lo que considera una sobreactuación acusatoria. La investigación, sin embargo, continúa su curso con la presión institucional y mediática al máximo nivel.