Justicia reclama al Gobierno de España medios económicos y humanos para garantizar la correcta implementación de la nueva Ley nuevo titular similar
Nuria Martínez señala que “el Gobierno central nos impone aplicar una ley en tiempo récord, sin recursos ni planificación, lo que dificulta garantizar una justicia cercana y accesible para la ciudadanía”
La consellera de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, ha reclamado al Gobierno de España los recursos económicos y humanos necesarios para asegurar la correcta implementación de la Ley Orgánica 1/2025, que introduce medidas para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta ley implica una nueva estructura judicial que generará cambios organizativos y requerirá inversiones en infraestructuras.
Durante una sesión informativa celebrada en la Ciudad de la Justicia de València, dirigida a operadores jurídicos, Martínez explicó que la ley debe estar implantada en 24 de los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana antes del 1 de julio de este año. La consellera lamentó que el Gobierno central haya delegado la responsabilidad de esta rápida implementación sin proporcionar los recursos ni la coordinación necesarias, lo que dificulta garantizar una justicia accesible y de calidad para todos los ciudadanos.
Martínez destacó que la Comunitat Valenciana enfrenta grandes retos, agravados por la infrafinanciación crónica, las consecuencias de la DANA y la sobrecarga en los juzgados, donde algunas cargas de trabajo superan el 200 o incluso el 300 %. Por ello, el pasado viernes la Conselleria remitió una carta al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solicitando más plazas judiciales para descongestionar los tribunales y mejorar la formación del personal.
La consellera subrayó el compromiso de la Generalitat con la modernización de la justicia y señaló que la reforma solo será posible gracias al trabajo conjunto de jueces, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores y todos los operadores jurídicos implicados.
Durante la jornada se trataron temas clave relacionados con las necesidades de personal derivadas de la creación de la nueva Oficina Judicial, su impacto en la Relación de Puestos de Trabajo y la carga laboral de cada unidad. También se presentaron el plan estratégico de modernización, el protocolo de actuación, las mejoras tecnológicas y la gestión del cambio.
Además, se abordaron aspectos importantes de los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), como la retribución a los profesionales que ofrecen asistencia jurídica gratuita y las subvenciones para la mediación en los municipios.
En cuanto a las infraestructuras judiciales, se expusieron los retos y costes asociados a la adaptación de las nuevas plantas judiciales, que son esenciales para cumplir con los requerimientos de la Ley Orgánica 1/2025 y ofrecer un servicio eficiente y moderno a la ciudadanía valenciana.
