El pleno del Gobierno valenciano ha formalizado este viernes la solicitud al Ejecutivo central para que 60 municipios de la autonomía sean declarados zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. La petición responde a los severos daños materiales causados por la borrasca Harry durante el pasado mes de enero, un temporal que dejó olas superiores a los seis metros y una erosión sin precedentes en paseos marítimos y playas de todo el litoral.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha defendido la urgencia de estas ayudas para reparar espigones e infraestructuras urbanas dañadas por la fuerza del mar. Esta medida ha coincidido con un paquete de anuncios en materia económica y social que busca consolidar el nuevo rumbo de la Generalitat.

Giro fiscal y apoyo al relevo generacional

En el plano económico, Barrachina ha detallado la estrategia para convertir a la región en un polo de inversión mediante la reducción de la presión tributaria. El Consell ha dado luz verde a la ampliación de las deducciones del IRPF, elevando los topes de renta para que las desgravaciones por gastos de salud y deporte alcancen también a las clases medias.

Además, destaca la bonificación total del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la continuidad de empresas familiares y negocios agrícolas, una medida que ahora se extiende hasta el cuarto grado de parentesco. «Queremos garantizar que ningún negocio cierre por el coste de una herencia», ha subrayado el portavoz, recordando también la bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para facilitar el acceso a la vivienda y la compra de terrenos agrícolas.

Refuerzo en Dependencia y alerta meteorológica

En el área de servicios sociales, la Generalitat ha autorizado una inversión de 9,7 millones de euros para la gestión de centros de día en Atzeneta, Ibi, Elda y L’Alcúdia. Estos nuevos contratos, tramitados por vía de urgencia, buscan dignificar la atención a mayores dependientes y acabar con la precariedad de concesiones caducadas.

Finalmente, el Consell ha cerrado su sesión con un llamamiento a la cautela ante la alerta roja por vientos decretada para este sábado. Las autoridades insisten en que la población evite cualquier desplazamiento de riesgo, especialmente en la provincia de Castellón y las zonas litorales de Valencia y Alicante.