El colapso de la regularización masiva de inmigrantes obliga a Valencia a realizar un refuerzo de emergencia
La ciudad asume una factura de un millón de euros para contratar personal administrativo y trabajadores sociales ante la falta de planificación y recursos del Gobierno central
La aplicación del proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo nacional ha provocado una situación de bloqueo administrativo en Valencia, donde las oficinas municipales se han visto desbordadas por una afluencia masiva de personas desde las primeras horas de la jornada. Este escenario de saturación, marcado por colas kilométricas y una elevada presión asistencial, ha forzado la puesta en marcha de un plan de choque extraordinario para evitar la parálisis total de los servicios públicos. La medida implica una inversión superior al millón de euros anual destinada a la contratación de auxiliares administrativos y trabajadores sociales que se dedicarán exclusivamente a gestionar el trámite burocrático derivado del decreto estatal.
El núcleo del problema reside en la ausencia de información previa y de criterios claros para la tramitación de los expedientes, especialmente en lo relativo a la acreditación de la vulnerabilidad de los solicitantes. Los profesionales locales se encuentran ante la dificultad de verificar situaciones sociales de personas que carecen de historial previo en el sistema, todo ello sin contar con el apoyo técnico o jurídico necesario por parte del Ministerio. Esta falta de directrices ha generado una profunda inseguridad jurídica, ya que los empleados municipales deben resolver dudas complejas y gestionar documentación a menudo incompleta sin que se hayan definido parámetros homogéneos para todo el territorio nacional.
Para proteger el funcionamiento ordinario de la administración y garantizar que los ciudadanos no vean afectados sus trámites cotidianos, Valencia ha optado por mantener la atención dentro de sus dependencias, asumiendo el coste operativo que el Gobierno central no ha previsto. No obstante, se ha anunciado que se estudiarán todas las vías legales para reclamar al Estado el reembolso íntegro de este gasto extraordinario, defendiendo que cualquier normativa que sobrecargue las competencias locales debe ir acompañada de su correspondiente dotación económica. La situación, que apenas comienza, mantiene en alerta a los servicios sociales y de padrón ante la previsión de que la presión sobre el sistema continúe en aumento durante las próximas semanas.