Diana Morant ha cruzado una línea peligrosa: la de anteponer la lealtad interna a la responsabilidad institucional. La ministra de Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE ha defendido al comisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel Batalla, pese a conocerse que accedió a su puesto de funcionario con un título universitario falso. En lugar de exigir explicaciones claras y actuar con contundencia, Morant se limitó a elogiar su trayectoria, obviando el daño profundo que este caso causa a la ética pública y a la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

Su insistente “no le hemos pedido la dimisión” se ha convertido en el eslogan de una gestión errática, que diluye los principios en favor del corporativismo político. Peor aún: como ministra de Universidades, su responsabilidad frente a la integridad académica debería ser ejemplar. Defender la falsificación como un asunto menor, relegándolo a una cuestión de “titulitis”, no solo banaliza el esfuerzo de miles de estudiantes, sino que mina el valor de la educación como herramienta de igualdad.

Este escándalo, lejos de ser un episodio aislado, refleja una desconexión alarmante entre el liderazgo socialista en la Comunitat Valenciana y las exigencias reales del electorado. Morant no solo ha perdido una oportunidad de desmarcarse de las malas prácticas del pasado; también ha hipotecado el futuro del PSPV al seguir aferrada a una figura hoy desacreditada.

Si Pedro Sánchez veía en Valencia su bastión electoral para 2027, el golpe ha sido directo al corazón de su estrategia. Y todo por no saber distinguir entre la lealtad y la responsabilidad. El tiempo juzgará a Morant, pero ya ha dejado claro que gobernar desde Madrid no basta: hace falta coherencia, presencia, y, sobre todo, principios.