Compromís acusa a Catalá de «ocultar durante 51 días» un informe clave que anula la contratación de un ex del Consorcio Valencia 2007
El documento de la secretaría municipal determina que la incorporación a la Fundación Visit Valencia es «nula» porque el empleado ya había sido despedido del consorcio, lo que lleva a la oposición a ampliar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
26-06-2026
VALENCIA. Nuevo frente político y judicial en el Ayuntamiento de Valencia en torno al presunto reajuste de personal del extinto Consorcio Valencia 2007. El grupo municipal de Compromís ha denunciado públicamente que la alcaldesa, María José Catalá, ha mantenido «guardado en un cajón» durante 51 días un informe de la secretaría general del consistorio que desacredita de forma contundente la regularidad de uno de los contratos bajo sospecha.
El dictamen jurídico del alto funcionario municipal, fechado el pasado 5 de mayo pero trascendido este jueves, concluye de forma tajante que la contratación de un ex administrativo de la entidad en liquidación para integrarse en la Fundación Visit Valencia —organismo dependiente del ayuntamiento— «debe reputarse nula».
Según recoge el documento oficial, el aspirante en cuestión fue despedido del Consorcio el 16 de octubre de 2024, con efectos prácticos a partir del día 25 de ese mismo mes. Casualmente, esa misma jornada se celebraba la prueba selectiva en Visit Valencia. Sin embargo, dado que el contrato definitivo no se rubricó hasta el 21 de noviembre, la secretaría expone que el trabajador ya carecía de la condición de empleado público en el momento de la firma, un «requisito indispensable e innegable» fijado en las bases de la convocatoria.
Ampliación de la denuncia ante Fiscalía
La respuesta de Compromís no se ha hecho esperar. La formación valencianista ha anunciado la ampliación inmediata de las diligencias que ya mantiene abiertas la Fiscalía Anticorrupción por este asunto. El concejal Ferran Puchades ha criticado con dureza la postura de la primera edil, recordando que «Catalá vendió como un modelo de estricta legalidad precisamente el proceso que ahora su propio secretario general acaba de desmontar por completo».
«Cada vez que la alcaldesa intenta defender este proceso, surge una nueva irregularidad documental que la contradice de plano. No estamos ante un simple error administrativo, sino ante la confirmación de un engranaje», ha censurado Puchades.
Este expediente forma parte de una investigación penal mucho más amplia iniciada el pasado mes de febrero. El Ministerio Público rastrea un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por la posible colocación «a dedo» de hasta siete antiguos trabajadores del Consorcio Valencia 2007. La causa salpica a la propia alcaldesa, a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, y a las concejalas del equipo de gobierno popular Paula Llobet y Rocío Gil. Aunque el presente informe exime de participación directa a Catalá, Llobet y al edil José Marí Olano en este trámite concreto, el texto insta a esperar a los pronunciamientos de la jurisdicción social antes de ejecutar las medidas correctoras oportunas.
Compromís insiste en la tesis de una «trama coordinada» entre tres entes públicos independientes que lanzaron concursos casi simultáneos con perfiles tan específicos que, según la oposición, «parecían hechos a la medida de personas concretas», un extremo que aseguran haber certificado previamente ante notario antes de la resolución formal de las plazas.