La vivienda enfrenta a Les Corts: el PP defiende su gestión mientras PSPV y Compromís lo contraponen
Socialistas y valencianistas reclaman rebajar el módulo máximo a 2.200 euros por metro cuadrado, mientras Vox vincula la presión sobre los servicios públicos a la inmigración
El acceso a un hogar ha monopolizado este martes el debate parlamentario en Les Corts Valencianes a través de un pleno prácticamente monográfico que ha evidenciado dos modelos antagónicos. Desde la bancada del Consell, el portavoz del Partido Popular, Nando Pastor, ha reivindicado las medidas impulsadas por el Consell de Juanfran Pérez Llorca y ha pedido mantener la senda de «aquello que funciona y da resultados», centrándose en el despliegue del Plan Vive para dinamizar la oferta de Vivienda de Protección Pública (VPP).
En su proposición no de ley, los populares reclaman acelerar este plan de construcción para corregir el desajuste entre la oferta y la demanda que afecta especialmente a jóvenes y familias de rentas medias. Pastor ha puesto en valor que 85 municipios gobernados por el PSPV se han sumado a este programa autonómico, al tiempo que ha exigido al Gobierno central la derogación de la ley estatal de vivienda por «intervencionista», la cesión de suelo estatal para alquiler un 30% por debajo de mercado, la rebaja del IVA al 4% en obra nueva y la exención del IRPF para jóvenes en sus primeros cuatro años de vida laboral.
La izquierda pide topar el precio y blindar la protección
Frente al planteamiento popular, la oposición de izquierdas ha exigido una rectificación inmediata en las tarifas de la vivienda protegida. El síndic socialista, José Muñoz, ha denunciado que se contraponen «el modelo de la especulación y el de los derechos ciudadanos», reclamando la anulación de las últimas subidas del módulo de las VPP —que situaron el tope en 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil tras los cambios del anterior Consell y los ajustes del pasado verano— para regresar a la cota máxima de 2.200 euros aprobada en mayo de 2023.
En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido su iniciativa parlamentaria para rebajar el módulo a ese límite de 2.200 euros y garantizar por ley que una vivienda protegida jamás supere en coste de venta o renta a un inmueble del mercado libre con prestaciones análogas. Tanto el PSPV como la coalición valencianista han coincidido en reclamar que la calificación de las VPP tenga carácter permanente para impedir que acaben convertidas en activos especulativos en el futuro, censurando además la falta de actividad plenaria prevista para las próximas semanas.
Vox desvía el foco hacia la inmigración y la prioridad nacional
Por su parte, Vox se ha desmarcado del debate técnico sobre las VPP al centrar su proposición no de ley en el impacto de los flujos migratorios sobre los recursos del Estado. El portavoz de la formación, José María Llanos, ha sostenido que las administraciones públicas se encuentran al borde de su límite material y ha reclamado la repatriación de irregulares, la deportación de condenados y la «remigración de quienes vivan de ayudas sociales», insistiendo en que las políticas públicas deben aplicar el principio de prioridad nacional.
En materia inmobiliaria, la formación de Abascal —que ha enmendado la propuesta del PP para exigir la asignación prioritaria de recursos a quienes acrediten arraigo— ha abogado por liberar suelo, suprimir tributos a la compra de primera vivienda y recortar trámites burocráticos. Paralelamente, los populares han presentado enmiendas al texto de Vox para suavizar los términos relativos a la inmigración masiva y descartar la eliminación de salvaguardas en el acceso a la atención sanitaria.