La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, cargó este lunes contra el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar de baja 53.000 viviendas de uso turístico consideradas “ilegales” en toda España —7.499 de ellas en la Comunitat Valenciana— para destinarlas al alquiler permanente. Cano calificó la propuesta de “medida electoralista, de dudosa viabilidad” y denunció que supone un “ataque a la propiedad privada”.

“¿Cómo va a obligar el Gobierno al propietario de un inmueble a hacer lo que él quiera?”, se preguntó la consellera, que acusó a Sánchez de “demonizar al sector turístico” y de generar “falsas expectativas” sobre un problema complejo como el acceso a la vivienda. Según Cano, la raíz de la crisis habitacional se encuentra en “la inseguridad jurídica que generan las políticas del Ejecutivo central”, más que en la existencia de viviendas turísticas.

La responsable autonómica recordó que las competencias en la materia son de las comunidades y que el Registro Único de Viviendas impulsado por el Gobierno está recurrido en los tribunales por varias autonomías por invasión competencial. Además, señaló que incluso el Consejo de Estado ha emitido informes críticos sobre esa norma.

Frente a ello, destacó los avances logrados en la Comunitat Valenciana con la nueva ley autonómica aprobada hace un año, que permite a los ayuntamientos gestionar sanciones contra la economía sumergida y ha depurado el registro oficial, eliminando más de 18.000 inscripciones sin documentación. También mencionó medidas para reforzar la convivencia en comunidades de vecinos y proteger a arrendatarios.

Cano insistió en que el peso real de la vivienda turística es limitado —menos del 2 % del parque en la Comunitat— mientras que casi 760.000 inmuebles permanecen vacíos o disponibles para alquilar. Por ello, reclamó al Gobierno central que deje de usar el turismo como “chivo expiatorio” y que respete el diálogo institucional. “Se trata de una actividad que aporta más del 16 % del PIB valenciano y más de 300.000 empleos. Merece apoyo, no ataques”, concluyó.