PSPV y Compromís tachan de racista la nueva renta de inclusión del Consell mientras el PP niega la discriminación
La prestación eleva a tres años la exigencia de empadronamiento, introduce compatibilidad con salarios y abre una agria disputa parlamentaria tras las enmiendas pactadas con Vox
La entrada en vigor de la nueva renta valenciana de inclusión ha provocado un agrio enfrentamiento parlamentario en Les Corts Valencianes. La oposición de izquierdas (PSPV y Compromís) ha calificado el modelo impulsado por la Conselleria de Servicios Sociales de «racista e inhumano», acusando a la Generalitat de consagrar una «segregación encubierta». Frente a estos reproches, el Partido Popular ha descartado cualquier sesgo discriminatorio, argumentando que la norma se limita a reforzar el criterio de arraigo municipal, mientras Vox ha cerrado filas en torno a su principio de «prioridad nacional» ante la escasez de fondos públicos.
El nuevo esquema asistencial, que ya puede tramitarse a través de los canales autonómicos, sustituye al marco regulatorio aprobado en 2017 por el Consell del Botànic. Entre sus principales novedades figuran la agilización burocrática, la compatibilidad con rentas del trabajo y la inclusión de complementos para vivienda. Las cuantías mensuales oscilan entre los 793,8 euros para personas solas y un máximo de 1.247,4 euros para hogares de seis o más miembros, estableciendo como requisito indispensable acreditar al menos tres años de empadronamiento previo en la autonomía.
La oposición llevará la norma ante el Defensor del Pueblo
Desde las filas socialistas, la diputada Silvia Gómez ha arremetido contra el texto asegurando que opera como «una herramienta de segregación totalmente inhumana» que diferencia las prestaciones en función del origen del demandante. Gómez ha recordado que el Consell incorporó postulados de Vox a través de la ley de medidas fiscales y administrativas de 2026, advirtiendo de que los colegios de trabajadores sociales se oponen a la aplicación de un articulado que, a su juicio, «choca frontalmente con su código deontológico».
En la misma línea, el portavoz de Compromís, Francesc Roig, ha calificado la medida de «barbaridad» y primer paso hacia el recorte generalizado de servicios esenciales como sanidad, pensiones y educación. Roig ha recordado que el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, se posicionó recientemente en contra de fijar criterios de preferencia nacional en normativas de los Estados miembros, y ha avanzado que su formación confía en que el Defensor del Pueblo traslade la ley al Tribunal Constitucional.
El Consell niega exclusión y Vox insiste en «priorizar»
Frente a las críticas de la izquierda, la portavoz popular Elena Bastidas ha defendido que la única variación de calado radica en ampliar de 18 meses a tres años el periodo mínimo de residencia legal acreditada, remarcando que se trata de un parámetro aplicado históricamente por consistorios de cualquier orientación política. Bastidas ha sostenido que la acreditación de arraigo garantiza una inserción social, educativa y laboral efectiva en el municipio receptor, descartando de plano cualquier sospecha de trato desigual.
Por su parte, la representante de Vox, Miriam Turiel, ha defendido la idoneidad de la prestación dentro del contexto de recursos públicos finitos. Turiel ha rechazado que el concepto de prioridad nacional suponga una expulsión del sistema asistencial, alegando que se trata de un baremo distributivo legítimo: «No es exclusión; ante situaciones de igualdad, la administración debe priorizar a quien más tiempo lleva arraigado en un lugar y a quien más ha contribuido al sostenimiento común».