El caso Azud apunta a 484.480 euros en gastos electorales del PSOE de 2007 vinculados a una empresa de la trama
El auto judicial describe una presunta red de favores, comisiones y contactos con dirigentes socialistas y señala pagos a cinco empresas que realizaron actos electorales durante la campaña.
El auto del caso Azud estrecha el cerco sobre el entorno del PSPV-PSOE y describe una presunta operativa de pagos y favores vinculada a la campaña electoral socialista de 2007. Según la resolución judicial, se habrían pactado 484.480,46 euros para cinco empresas que realizaron actos electorales para el PSOE durante aquella campaña, cantidades que, de acuerdo con el auto, fueron abonadas por Gigante Edificaciones y Obras, una empresa vinculada al empresario Joaquín Pastor Rico.
La resolución sitúa estos pagos dentro de una trama más amplia relacionada con Jaime Febrer y el Grupo Axis. La investigación sostiene que el empresario habría buscado obtener resultados favorables para sus intereses mediante contactos con personas vinculadas al PSOE y que habría existido un supuesto “peaje” para conseguir determinadas actuaciones administrativas.
Uno de los nombres que aparece en el auto es José Luis Vera Llorens, al que la instructora atribuye un papel de intermediario entre Febrer y diferentes instituciones. La resolución sostiene que Vera intervino para tratar de desbloquear el problema de suministro de agua del PAI El Espartal, en Xixona, y que contactó directamente con Joan Navarro, entonces director de Relaciones Institucionales de Acuamed.
Además, el auto atribuye a Vera la percepción de 940.000 y 500.000 euros, un total de 1,44 millones, mediante contratos que la instructora considera una cobertura de presuntas comisiones ilícitas.
La investigación también menciona al histórico dirigente socialista Rafael Rubio, relacionado en el auto con regalos, contactos con el entorno de Febrer y movimientos económicos. La resolución recoge 197.256 euros ingresados en efectivo mediante 77 imposiciones entre 2007 y 2013 en cuentas compartidas con su esposa.
El juzgado ha acordado continuar las actuaciones por los trámites del Procedimiento Abreviado, por lo que ahora serán las acusaciones quienes deberán decidir si solicitan la apertura de juicio oral.