Generalitat y Ayuntamiento acuerdan el reparto de 40 millones de euros de los viajes con tarjeta SUMA
El pacto pone fin al conflicto judicial y actualiza el convenio para evitar futuras discrepancias sobre la financiación del transporte público integrado.
La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València han alcanzado un acuerdo sobre la financiación de los viajes realizados con las tarjetas de transporte SUMA, un pacto que permitirá cerrar la vía judicial abierta entre ambas administraciones y establecer un sistema más claro para sufragar estos servicios.
El acuerdo, ratificado este jueves por el consejo de administración de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), fija en 40 millones de euros la cantidad correspondiente al periodo en conflicto. De esta cifra, la Generalitat asumirá un tercio, mientras que los dos tercios restantes corresponderán al Ayuntamiento de València, incluyendo las ayudas concedidas por el Gobierno central.
El convenio regula los pagos por los viajes realizados en los autobuses de la EMT por usuarios de títulos SUMA, que permiten utilizar de forma integrada EMT, Metrovalencia, Metrobús y Cercanías.
El Ayuntamiento explica que el Ministerio de Transportes modificó desde el segundo semestre de 2025 el criterio sobre el beneficiario de las ayudas, pasando a ser el consistorio en lo relativo a las validaciones de SUMA en la EMT. Según el gobierno municipal, por este motivo las ayudas ya están incluidas en los dos tercios que asumirá València.
Ambas administraciones defienden que el acuerdo garantiza que la EMT no sufrirá pérdidas por los descuentos aplicados y permite actualizar el convenio para clarificar el sistema de cálculo y financiación entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.
Para 2026, la ATMV asumirá el 20% de bonificación acordado por la Generalitat, mientras que el Ayuntamiento gestionará la ayuda estatal correspondiente al otro 20%. La EMT recibirá el 100% del precio del título antes de aplicar los descuentos.
El acuerdo ha sido criticado por Compromís y PSPV. Giuseppre Grezzi lo considera una “claudicación” de la alcaldesa María José Catalá, mientras Elisa Valía denuncia que València asumirá menos recursos y advierte de un transporte público “más masificado, más lento y más caro”.