Martínez Mus exige a Europa un calendario «realista» de descarbonización para no hundir al sector cerámico
El vicepresidente tercero defiende en Qualicer el futuro de un sector que sostiene 70.000 empleos y avanza un plan de infraestructuras de 150 millones
La Generalitat Valenciana cierra filas con la industria azulejera frente a las exigencias medioambientales de Bruselas. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha aprovechado su intervención en el Congreso Qualicer, celebrado en Castellón, para reclamar una transición ecológica «con realismo, proporcionalidad y seguridad jurídica» que no ponga en riesgo la supervivencia de un sector clave para la economía autonómica.
Martínez Mus ha recordado que el clúster cerámico representa el 32 % del PIB de la provincia de Castellón y sostiene más de 70.000 puestos de trabajo. Aunque ha puesto en valor el esfuerzo inversor que las empresas llevan años realizando en eficiencia energética y sostenibilidad, el conseller ha advertido del peligro de imponer metas inalcanzables: «No podemos exigir objetivos basados en tecnologías que todavía no están disponibles a escala industrial», ha señalado en clara alusión a la normativa europea.
Esta postura se alinea con la estrategia del president Juanfran Pérez Llorca, quien recientemente se reunió con la Eurocámara para exigir un marco regulatorio específico y diferenciado para la cerámica. Descarbonizar, sostienen desde el Consell, no puede traducirse en una pérdida de competitividad frente a los mercados internacionales a los que el sector exporta.
Más allá de la batalla legislativa en Madrid y Bruselas, el conseller ha anunciado medidas de apoyo directo a la conectividad y la logística del tejido productivo. La Generalitat ya impulsa la redacción del futuro Eje de la Cerámica, una infraestructura estratégica que superará los 150 millones de euros de inversión. Asimismo, el Consell presiona al Ejecutivo central para que el corredor energético Valencia-Castellón sea declarado prioritario en la planificación eléctrica estatal hasta 2030, garantizando así el suministro que exigirá la futura transformación industrial.