El Consell afea al Gobierno central la congelación de los fondos para seguros agrarios ante el azote climático
El conseller Miguel Barrachina tacha de «incomprensible» que el Ministerio mantenga la misma partida que el año pasado pese a la proliferación de sequías y temporales extremos.
El sistema de protección del sector primario vuelve a abrir un frente de fricción política entre administraciones. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha lamentado públicamente la decisión del Gobierno central de mantener «congelado» en 315 millones de euros el presupuesto estatal destinado a los seguros agrarios para el ejercicio 2026. A ojos del Ejecutivo autonómico, congelar esta partida supone «dar la espalda al campo» en un escenario marcado por la proliferación de episodios de sequía, pedriscos e inundaciones derivados del cambio climático.
Barrachina ha calificado la medida de «incomprensible» y ha acusado al gabinete central de mostrar una preocupante «falta de sensibilidad» hacia el tejido de agricultores y ganaderos. El titular de Agricultura ha incidido en la contradicción que supone que el propio Ministerio reconozca el aumento de los fenómenos meteorológicos adversos y, de manera paralela, opte por repetir exactamente la misma asignación económica sin adaptar ni reforzar las coberturas del sistema.
Apoyo autonómico frente a la inacción estatal
Frente a la postura de Madrid, el conseller ha sacado pecho de la hoja de ruta de la Generalitat, situando al Consell al frente del respaldo autonómico con una inversión propia de 39 millones de euros en materia de seguros agrarios. Con esta aportación, el departamento autonómico busca amortiguar de forma directa el impacto de las pérdidas sufridas por las explotaciones de la Comunitat Valenciana debido a las inclemencias del tiempo, que castigan con especial dureza a la región.
Finalmente, el responsable valenciano ha exigido al Gobierno central «más ambición y menos propaganda», advirtiendo de la inviabilidad de trasladar en exclusiva la factura del cambio climático a los productores mientras el Estado mantiene estancadas las líneas de ayuda imprescindibles para la supervivencia de los negocios agrícolas.