Anticorrupción abre diligencias contra María José Catalá, alcaldesa de Valencia, y el Puerto por prevaricación y tráfico de influencias
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal tras la disolución del Consorcio Valencia 2007 para determinar si los procesos se ajustaron a la legalidad
La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado formalmente una investigación que afecta directamente al Ayuntamiento de Valencia y a la Autoridad Portuaria. El Ministerio Público ha dictado un decreto para abrir diligencias de investigación contra la alcaldesa, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la incorporación de personal público.
El foco de las pesquisas se centra en la primavera de 2024, coincidiendo con la fase de liquidación del Consorcio Valencia 2007, ente que gestionaba La Marina. Según la documentación que analiza el fiscal instructor, se investiga si existió una coordinación administrativa para facilitar la entrada de trabajadores procedentes de dicho consorcio en nuevas plazas del consistorio y del ente portuario, sorteando supuestamente los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La denuncia que ha dado pie a la apertura de estas diligencias incluye un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que cuestiona técnicamente algunos de los procesos selectivos realizados en el ámbito del Puerto de Valencia. Asimismo, se analizan testimonios que alertaron sobre presuntas irregularidades antes de que las plazas fueran adjudicadas oficialmente.
Desde el ámbito judicial se insiste en que la investigación se encuentra en una fase preliminar de recogida de pruebas y análisis documental. La apertura de estas diligencias no supone una imputación formal de los señalados, sino el paso necesario para que la Fiscalía determine si los hechos denunciados revisten carácter de delito o si las actuaciones administrativas se ciñeron estrictamente al Derecho.