El Consell ha alzado la voz contra la hoja de ruta del Gobierno de España en Bruselas. Durante la última reunión de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez, exigió una «participación real y leal» de las comunidades autónomas en el diseño del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto que regirá el destino de los fondos europeos en los próximos años.

Díez no ocultó el malestar del Ejecutivo valenciano ante lo que considera una gestión «a espaldas de los territorios». El vicepresidente censuró que la CARUE haya estado cuatro años sin convocarse y lamentó la ausencia en la cita de los ministros de Exteriores y Política Territorial, un gesto que calificó de falta de compromiso con el diálogo autonómico.

El peligro de una Europa a dos velocidades

La principal preocupación de la Generalitat reside en el cambio de prioridades de las cuentas europeas. Aunque el presupuesto global de la UE prevé escalar de los 1,2 a los 2 billones de euros, la Generalitat advierte que la política de cohesión está perdiendo peso relativo en el reparto.

«Es un agravio inaceptable», denunció Díez, subrayando que las nuevas prioridades estratégicas —como la defensa, la seguridad o el apoyo a Ucrania— no pueden financiarse «a costa de los recursos esenciales para el desarrollo regional». Según el conseller, este retroceso afecta directamente a sectores clave como la agricultura, que ya se enfrenta a posibles recortes en la PAC.

Defensa de los sectores productivos

Para el Consell, la visión de las autonomías es imprescindible para dar certidumbre a la industria valenciana. Díez recordó que sectores como la automoción, la cerámica o el juguete están profundamente expuestos a la normativa de Bruselas.

«La posición de España estará incompleta si no cuenta con la capilaridad de las regiones», afirmó, reclamando que la CARUE deje de ser un «trámite informativo» para convertirse en un órgano de decisión real. El objetivo final es garantizar que las grandes transformaciones europeas sean socialmente sostenibles y no dejen atrás al tejido productivo local.