La Generalitat Valenciana ha elevado el tono frente al Gobierno de España tras los graves daños ocasionados por el temporal Harry. El president, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la solicitud formal para que los municipios afectados sean declarados zona catastrófica, una medida que permitiría activar ayudas urgentes para reparar infraestructuras y proteger las viviendas de primera línea que han sufrido el embate del mar.

En un encuentro mantenido con colectivos vecinales afectados por la Ley de Costas —entre ellos SOS Mediterránea y asociaciones de Dénia, Nules, Sagunto y Cabanes—, Pérez Llorca ha ratificado su apoyo frente a unos deslindes que califica de «injusticia arbitraria» y un «ataque a la seguridad jurídica». El jefe del Ejecutivo autonómico ha denunciado que el Ministerio mantiene paralizados el 70% de los proyectos de protección y regeneración previstos desde 2015, lo que ha agravado la regresión costera en tramos críticos como Castellón-Sagunto y Valencia-Dénia.

Reivindicación competencial y respeto autonómico Más allá de la emergencia inmediata, el Consell urge a la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para que la Comunitat asuma la gestión directa de su litoral, una petición formulada en junio de 2025 que aún no ha recibido respuesta. Pérez Llorca ha afeado al Gobierno central el «silencio» y el trato desigual respecto a otras autonomías: «En solo seis meses han delegado las competencias al País Vasco; demandamos el mismo trato».

Finalmente, el president ha defendido la Ley de Protección y Ordenación de la Costa valenciana como la herramienta necesaria para preservar núcleos históricos y etnológicos frente a la piqueta. Pérez Llorca ha apelado al diálogo institucional para sacar adelante esta normativa, aunque advirtiendo que no tolerará más demora en la regeneración de las playas: «La inacción administrativa no puede ser la excusa para demoler casas con valor patrimonial y social».