El Pleno del Ayuntamiento de València celebrado este lunes 1 de diciembre supuso un freno a varias iniciativas ambientales y sociales cruciales para la ciudad. La decisión más destacada fue el rechazo a la moción presentada por PSPV-PSOE y Compromís que buscaba implantar una Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que abarcase todo el término municipal.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, justificó la negativa del bloque de gobierno (PP y Vox), señalando que el tiempo transcurrido y la falta de un acuerdo técnico previo imposibilitan aprobar una nueva normativa antes de los plazos legalmente establecidos. La oposición, respaldada por portavoces vecinales y asociaciones ecologistas que advirtieron sobre los riesgos para la calidad del aire y la salud pública, calificó la postura del gobierno de buscar «un brindis al sol».

Además de la ZBE, la sesión abordó otros dos temas de gran impacto ciudadano:

• Tasa de Residuos (Basuras): Aunque el Pleno aprobó solicitar un estudio para aplicar posibles bonificaciones a la nueva Tasa de Residuos de València (cuya entrada en vigor está prevista para 2026), esta medida generó polémica. Los descuentos se enfocarían en familias numerosas, personas vulnerables y quienes reciclen, pero la tasa sigue siendo vista por algunos grupos como un «impuestazo» con un impacto negativo en el coste de la vida.

• Mercado Inmobiliario: La propuesta para declarar València como «zona de mercado residencial tensionado» —una medida que habría permitido regular precios de alquiler y frenar la especulación— tampoco prosperó. Los grupos que la defendían argumentaron su urgencia para garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para jóvenes e inmigrantes.

La jornada concluyó sin decisiones definitivas sobre la ZBE y la regulación de alquileres, y con la Tasa de Residuos pendiente de una concreción final. Este panorama deja muchas interrogantes sobre la hoja de ruta municipal para abordar los grandes retos ambientales y sociales de València.