Un año después de la devastadora riada del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 víctimas mortales y miles de damnificados, crece el malestar en la Comunidad Valenciana por la gestión del Gobierno central. Las acusaciones de abandono, lentitud y falta de sensibilidad política hacia una región en plena reconstrucción se repiten tanto en las instituciones valencianas como entre los afectados.

Diversas fuentes del Ejecutivo autonómico y municipales coinciden en que el Gobierno socialista no ofreció el apoyo prometido durante las horas críticas ni en los meses posteriores. En lugar de destinar fondos directos a la emergencia, se limitó a autorizar más endeudamiento, una medida que muchos califican de “insultante” para una de las autonomías peor financiadas del país.

La indignación aumenta al recordarse que las obras del Barranco del Poyo, consideradas esenciales para evitar el desbordamiento mortal, estaban presupuestadas por el Estado y nunca se ejecutaron. Este incumplimiento, junto con la falta de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y los servicios meteorológicos estatales, habría contribuido a agravar la magnitud del desastre.

A la ausencia de recursos se suma la percepción de que el Ejecutivo utilizó la tragedia con fines políticos, más preocupado por las críticas que por ofrecer soluciones reales a los valencianos. Durante semanas, los ayuntamientos y la Generalitat afrontaron solos la tarea titánica de reconstrucción, mientras el Gobierno central evitaba declarar la zona como emergencia nacional.

La herida emocional y material sigue abierta. Para muchos valencianos, la catástrofe del 29-O simboliza no solo el poder devastador de la naturaleza, sino también la fragilidad del compromiso institucional de un Gobierno que, un año después, aún no ha estado a la altura de la tragedia.