Un año después de la devastadora DANA que golpeó la Comunidad Valenciana y dejó 229 víctimas mortales, la izquierda valenciana volvió a salir a las calles para intentar reactivar el pulso contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Sin embargo, el resultado fue un sonoro fracaso. La movilización, presentada como “la gran marcha ciudadana”, apenas logró reunir a 50.000 personas según la Delegación del Gobierno —32.000 según la Policía Local—, menos de la mitad de los asistentes de la primera protesta de 2024.

Bajo el lema “Mazón dimissió”, la manifestación recorrió el centro de Valencia con una estética más cercana a un mitin partidista que a un homenaje a las víctimas. Entre las pancartas y los cánticos, abundaron las banderas independentistas, republicanas y comunistas, pero apenas se vieron Senyeras o símbolos que representaran a toda la sociedad valenciana. Los gritos de “Mazón culpable” o “el president a prisión” marcaron el tono de una protesta que volvió a cargar únicamente contra el Consell, ignorando cualquier responsabilidad del Gobierno central en la gestión de la tragedia.

La presencia de dirigentes de Podemos, Compromís y el PSPV —entre ellos Ione Belarra— evidenció el carácter político de la movilización. Varias asociaciones de víctimas denunciaron la “instrumentalización del dolor” y criticaron que “se utilice la memoria de los fallecidos para atacar a un adversario político”.

Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 2.500 millones de euros a la reconstrucción de las zonas afectadas y ha impulsado nuevos planes de prevención. El intento de la izquierda por reavivar el enfrentamiento social parece haber perdido fuerza: las cifras de participación se desploman y la ciudadanía, cansada de consignas partidistas, reclama respeto, memoria y soluciones, no pancartas ni discursos ideológicos.