El Consell ha aprobado la ampliación del contrato de emergencia para la gestión de los residuos acumulados tras las inundaciones de octubre de 2024, que eleva su importe global hasta los 204 millones de euros. La decisión afecta a los lotes 1 y 3, correspondientes a los puntos de transferencia de Quart de Poblet/Manises y Picassent, que han superado las 500.000 toneladas gestionadas.

La ampliación presupuestaria asciende a 24,9 millones de euros y permitirá tratar 151.710 toneladas adicionales de residuos. Según explicó la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, “esta ampliación era imprescindible para dar salida al volumen real acumulado, muy superior a lo previsto debido a la magnitud de la dana”. Camarero subrayó que “gracias a este esfuerzo garantizamos un tratamiento seguro y completo de los residuos y evitamos riesgos medioambientales y de salud pública”.

La consellera recordó que el contrato se ha tenido que redimensionar porque los residuos superaron las 250.000 toneladas inicialmente previstas en cada lote, debido a la derivación desde el punto de transferencia de Catarroja, sin capacidad suficiente, y desde distintos puntos de acopio locales. En este sentido, agradeció la colaboración de ayuntamientos y empresas gestoras “en un contexto de alta exigencia operativa”.

Entre otros asuntos, el Pleno del Consell ratificó la contratación de emergencia de obras de reconstrucción de infraestructuras dañadas por la riada en Catarroja, Paiporta y Alfafar, con un presupuesto de 1,4 millones de euros. Las actuaciones se centran en el Camí de Santa Ana y en la carretera CV-4126.

Asimismo, se autorizó la contratación del servicio para la ejecución de medidas judiciales de medio abierto para adolescentes y jóvenes durante el periodo 2025-2028, con un valor estimado de 14,2 millones. Este contrato cubrirá toda la Comunitat, salvo municipios con servicio propio, e incluye programas de libertad vigilada, tratamiento ambulatorio, asistencia a centro de día o prestaciones en beneficio de la comunidad.

En materia sanitaria, se aprobó un acuerdo marco de 485,3 millones para el suministro de medicamentos biológicos y biosimilares en los centros públicos, con el objetivo de reducir costes y garantizar tratamientos innovadores para patologías graves.