El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva línea de financiación bonificada del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), destinada a pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana que desarrollen proyectos de inversión. Esta herramienta permitirá a las pymes acceder a créditos con un coste fijo del 2%, muy por debajo del precio de mercado, con el objetivo de incentivar la inversión, generar empleo y fortalecer el tejido productivo.

Según ha explicado Mazón, la nueva línea de financiación incorpora una bonificación sobre el tipo de interés de mercado, lo que garantiza a las empresas “un escenario financiero de estabilidad durante toda la operación”. Los préstamos podrán alcanzar un máximo de 2,5 millones de euros, con plazos de hasta diez años y hasta tres años de carencia, periodo en el que no será necesario devolver capital.

El jefe del Consell ha avanzado que este nuevo instrumento financiero se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, por lo que estará disponible de forma inmediata para su solicitud. A su juicio, “impulsar proyectos de inversión sólidos y sostenibles es esencial para generar empleo, aumentar la competitividad empresarial y consolidar el crecimiento económico y social de nuestra tierra”.

Mazón ha subrayado además el papel del IVF como “organismo esencial para dar soporte financiero a las empresas en su expansión”, y ha recordado el esfuerzo realizado en los últimos meses para poner en marcha líneas de liquidez “a coste cero, largo plazo y amplias carencias” dirigidas a autónomos y empresas afectadas por las riadas. Gracias a la aportación directa de la Generalitat, se han habilitado 350 millones de euros que han permitido aprobar 580 operaciones por un valor de 161 millones y un ahorro de 23 millones en intereses para el tejido empresarial damnificado.

El president ha reivindicado el esfuerzo inversor de la Generalitat “a pulmón” frente a las condiciones de los préstamos ICO del Gobierno central, y ha reclamado una “fiscalidad cero” para los afectados por las riadas, calificando de “injusticia e inmoralidad” que deban tributar por las ayudas recibidas.