La ministra de Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha decidido atarse políticamente al comisionado dimitido de la DANA, José María Ángel Batalla, pese a que la Agencia Valenciana Antifraude y la Fiscalía apuntan a una posible falsificación de su título académico. En lugar de exigir explicaciones claras o pedir responsabilidades, Morant ha optado por protegerlo públicamente, minimizando la gravedad del escándalo con declaraciones que ponen en entredicho su propia autoridad como máxima responsable de la educación universitaria en España.

En una rueda de prensa convocada tras varios días de silencio, la ministra aseguró sin rubor que “a un político no lo hace su currículum, sino su hoja de servicios”. Una afirmación que no solo contradice el principio de ejemplaridad exigible a cualquier cargo público, sino que resulta especialmente ofensiva viniendo de quien ostenta la cartera de Universidades. En vez de condenar el presunto fraude académico, Morant ha intentado desviar la atención elogiando la gestión del ya dimitido comisionado y ensalzando su dedicación a lo largo de 40 años de carrera.

Esta defensa numantina choca de frente con el discurso oficial del propio Gobierno central, donde varias voces de La Moncloa se han distanciado de Batalla, recordando la “ejemplaridad exigible” a los cargos públicos. Sin embargo, Morant ha decidido romper filas y presentarse como escudo político de quien ahora está bajo sospecha por haber accedido presuntamente a una plaza pública falseando sus méritos académicos.

El intento de Morant por blanquear la situación, afirmando que “no pedimos títulos, pedimos hoja de servicios”, no solo socava la credibilidad de su ministerio, sino que transmite un mensaje peligroso a estudiantes, docentes y funcionarios: que la mentira y la opacidad pueden justificarse si uno tiene una larga trayectoria en el partido. Lejos de asumir responsabilidades o exigirlas, la ministra ha preferido preservar lealtades internas, aunque eso suponga dinamitar su imagen pública y dar la espalda a los principios que debería defender.

Morant no solo arriesga su futuro político al alinearse con el comisionado caído. También compromete la integridad del Ministerio de Universidades y erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones que deberían velar por la legalidad y la transparencia.