La propuesta, impulsada por PSPV y Ens Uneix, contempla la celebración de una sesión final una vez concluidas las siete sesiones previstas. En ella se presentarán a las víctimas las conclusiones del trabajo realizado por la Diputación, se les dará voz para plantear dudas o propuestas y se atenderán sus preguntas. Esta sesión tendrá lugar después de la declaración del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, como testigo ante la jueza instructora del caso.

Durante la sesión, Mompó ha subrayado que el objetivo es «ayudarnos mutuamente» y ha recalcado que “la Diputación siempre ha dado la cara; queremos ser una institución útil. Es importante que las víctimas sepan todo lo que hemos hecho”.

Desde el PSPV, la diputada Eva Sanz ha calificado la iniciativa como “ética y moralmente digna” y ha insistido en la necesidad de que se conozca la actuación de la institución provincial en los momentos más críticos. En la misma línea, la portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha destacado la importancia de “escuchar las necesidades de las víctimas”.

Por su parte, desde el PP y Vox se ha hecho un llamamiento para que la comisión no se convierta en un espacio de confrontación política, algo que fue rebatido por Compromís, cuya portavoz, Dolors Gimeno, recordó que “esta comisión es política” y que su función es precisamente realizar preguntas desde esa perspectiva.

Además, durante la sesión se analizaron los 44 contratos de emergencia realizados tras la riada. Estos contratos, que suman más de 83 millones de euros, abarcan áreas como carreteras, informática, medio ambiente, parque móvil y agua y residuos. Las actuaciones incluyeron la compra de vehículos, limpieza de garajes, reposición de material informático, y reparación de infraestructuras dañadas.

Los responsables técnicos detallaron los costes y justificaciones de cada actuación, destacando que en los primeros momentos se priorizó la respuesta inmediata sobre la evaluación exacta de los daños.